miércoles, 5 de agosto de 2015

LA CASA ESTÁ EN ORDEN, O CASI.


Fue un 19 de abril de 1987, solo tres años después del fin de la dictadura, el gobierno Cívico-Radical de Alfonsín se enfrentó al primer obstáculo de la democracia recién estrenada. Un obstáculo que si no era tratado con el suficiente tacto, sino se evitaba sin tocarlo, podría ser el último para la frágil democracia recuperada por los argentinos.

            Aquel domingo de Pascua pasó a la historia por muchas actitudes; por un presidente que se enfrentó cara a cara a los golpistas, por una plaza de Mayo repleta de argentinos, que arropados por su bandera apostaban por la democracia, por una amenaza militar grave hacía las personas que se situaban alrededores del acuartelamiento de Campo de Mayo, por una daga sobre la tranquilidad de todo un país, y por la posibilidad de despertar viejos fantasmas que aún estaban muy recientes. Pero sobre todo fue recordado por unas frases: ¡Felices Pascuas!...La casa está en orden, que tras la aparente claridad escondían un trasfondo, que pronto se demostró amargo para la población que había sido esquilmada durante los años de barbarie.

            Lo que no se sabía, aunque muchos se lo empezaron a temer en ese mismo momento, es que la casa no estaba tan en orden como se pregonaba desde el balcón de la Rosada, y que ese discurso que haría feliz a una nación preocupada -con razón- por lo que se estaba cociendo en los cuarteles, sería el principio del fin del primer gobierno democrático de la Argentina, que se jugaba todo tras la última y posiblemente más cruenta dictadura argentina; la de la de los centros de detención y tortura, la de la persecución de los estudiantes e intelectuales, la de los aviones sobrevolando el Río de la Plata con detenidos, la de los desaparecidos, la de la Guerra de las Malvinas.

            Desde que el gobierno encabezado por Raúl Alfonsín asumiera el poder el 10 de diciembre de 1983, la relación con los militares no había dejado de ser tirante, no era para menos, sabiendo de lo que se venía, y recordando quienes eran los que aun gobernaban con mano de hierro en los cuarteles argentinos. La relación empeoró más si cabe, después de que Alfonsín diera el que sería posiblemente el paso más importante para recuperar la democracia, castigar a los culpables, y no cerrar en falso la última dictadura militar. Cuatro días antes de  asumir, Alfonsín emitió un decreto para enjuiciar a todas las Juntas Militares que gobernaron el país desde el 24 de marzo de 1976, hasta la guerra de las Malvinas, en 1982. Además, ordenó la creación de la Conadep, un organismo que debería investigar y agrupar, todas las violaciones de libertad y actuaciones contra los derechos humanos llevados cabo por los militares en ese periodo de tiempo. Lo que a la mayoría de los argentinos les pareció una verdadera osadía y algo necesario, levantó rápidamente ampollas entre los militares argentinos de aquellos años, la mayoría de los cuales seguían en su puesto.

En septiembre de 1984, la Conadep presentó el libro que recogía todos los testimonios de las víctimas de la dictadura, llevaría el título de Nunca Más-a día de hoy sigue siendo uno de los libros más vendidos en Argentina-. Un año después –el 9 de diciembre de 1985-de que se hiciera pública la obra que dejaba al aire las vergüenzas de los últimos años argentinos, la Cámara Federal condenó a prisión perpetua a Jorge Videla y a Eduardo Massera, como máximos responsables de las fragantes violaciones de los derechos humanos de sus compatriotas. También encarcelarían con penas menores a otros jefes militares cercanos a ellos. Los argentinos estaban sorprendidos, no solo por la rapidez de las medidas, sino porque parecía que por una vez se hacía justicia. La buena actitud que presentaba el gobierno de Alfonsín ante los culpables de la dictadura, hacía que incluso se viera de mejor forma su inutilidad para salvaguardar la economía del país, que en esos años ya había comenzado su cuesta abajo.

            Pero al día siguiente de esta noticia, todo comenzó a complicarse. Alfonsín debió convencer a su propio partido para que le apoyaran en la aprobación de una nueva ley, que se denominaría “ley de punto final”. Esta aseguraba que el tema de las Juntas Militares no podía dilatarse en el tiempo de forma indeterminada, pues era un tema tan grave que no permitiría avanzar al país en otras cuestiones primordiales, es por ello que se darán sesenta días para que todas las personas que tuvieran que denunciar alguna violación, abuso, muerte o desaparición llevada a cabo por los militares lo hiciera dentro de esos días de margen, pues después no se aceptarían.

            Esto a los militares no les convenció, pues pensaban que tras el fin de la Conadep, y del encarcelamiento de los principales instigadores todo iba a quedar ahí. Pero en esos sesenta días las denuncias llegaron por miles, en ellas se acusaban a cabecillas militares, a cargos intermedios y a soldados rasos, de violaciones y crímenes contra la humanidad. Evidentemente esto alteró en sobremanera los ánimos en los cuarteles. El gobierno de Alfonsín viendo el revuelo milico, les prometió a estos llevar a la Cámara una proposición en la que se discutiera una futura ley de “obediencia debida”, por la que los militares de baja graduación que obedecían ordenes de superiores quedarían fuera de los juicios, pero la discusión de esta ley se dilataba en el tiempo, y en abril de 1987 estalló el conflicto.

            Desde tiempo atrás en las Fuerzas Armadas argentinas, se habían creado una especie de comandos con cierto carácter ultranacionalista, estos recibían el apelativo de Los Carapintadas- evidentemente el apelativo era por que llevaban sus caras tiznadas en negro-, en esos comandos estarían todos los cabecillas del futuro intento de golpe de estado. El detonante de la situación, fue que durante la  dilatada discusión sobre la “ley de obediencia debida”, fue llamado a declarar Ernesto Barreiro, el Mayor del servido de inteligencia del ejército, y miembro de Los Carapintadas. Barreiro se negó a acudir al juzgado que debería juzgarlo por tortura y asesinato, y se amotinó con otras ciento treinta personas en el Comando de Infantería Aerotransportada de la ciudad de Córdoba. El amotinamiento se repitió en el sur con Alonso, en el norte con León y en la Escuela de Infantería del Campo de Mayo en la provincia de Buenos Aires con el teniente coronel Rico. Era el Jueves Santo de aquel 1987.

            Los amotinados pedían al gobierno que hiciera dimitir a la cúpula actual de las Fuerza Armadas Argentinas, y a la vez, que los juicios que se esperaban contra los militares, se sustituyeran por unas condiciones más flexibles para los militares que solo cumplían órdenes. El gobierno desoyó la petición y pidió a los militares que obligaran a sus pares a finalizar con aquella actitud. Nadie respondió, salvo el general Ernesto Alias, que sacó los tanques desde el II Cuerpo con sede en Rosario. A pesar de su disposición, no consiguió recorrer en cuatro días los poco más de cuatrocientos quilómetros que lo separaban del Campo de Mayo, posiblemente, su interés por un enfrentamiento armado se fue enfriando después del primer momento, y decidió aminorar la marcha esperando a saber qué ocurría en la capital.

            Ante las primeras noticias que se hicieron públicas del amotinamiento de Los Carapintadas, y del peligro que se cernía de nuevo sobre Argentina, miles de personas salieron a la calle, ocupando por completo la plaza de Mayo, otros muchos,  rodearon la Academia militar del Campo de Mayo, a éstos, se les aviso por parte de los militares que si intentaban entrar en el recinto serían masacrados sin miramientos. El momento de mayor desconcierto fue cuando el gobierno reconoció que no tenía capacidad, ni fuerzas para reprimir la insurrección. Pero la mañana del 20 de abril Alfonsín se asomó al balcón de la Casa Rosada, y dirigiéndose  a la abarrotada plaza aseguró que se iba a reunir con el cabecilla de la revuelta en Campo de Mayo, y les instaba a esperarle allí hasta que volviera con la solución. Pasaron un par de horas, y Alfonsín se asomaba de nuevo al balcón de la casa de gobierno. Su primera frase ¡Felices Pascuas!, daba esperanzas a los millones de argentinos que temían que les arrebataran de nuevo la democracia. El discurso siguió asegurando que el problema había finalizado, que los rebeldes había decidió deponer su actitud, que serían detenidos y llevados ante la justicia. Pero su discurso había cambiado, pues tras ello comenzó a asegurar que su intención no era dar un golpe de estado, e incluso llegó en un punto a alabarlos, pues eran héroes de la guerra de las Malvinas. Estas frases a muchos comenzaron a rechinarles, pues les daba a entender que se había producido un quiebre en ese gobierno. Por eso hay quien piensa que las últimas frases de su discurso-La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina-, fue el principio del fin de su gobierno.

            Al día siguiente, los diarios argentinos informaban que el Poder Ejecutivo estaba impulsando la “ley de obediencia debida”. Dos semanas después esta ley se aprobaría, complementando la “ley de punto final”, que libraba a la mayoría de los militares aún en servicio, de enfrentarse a juicio por sus actuaciones durante la dictadura. Inmediatamente las personas que habían vitoreado aquel Domingo de Pascua a Alfonsín comenzaron a criticarle ácidamente. El gobierno y el propio Raúl Alfonsín, a pesar que con su actuación posiblemente hubiera frenado ese día una matanza indiscriminada-todos conocían la forma de actuación  de las fuerzas armadas argentinas-, al final habían sucumbido a las presiones de los golpistas, perdiendo todo el prestigio ganado con el juicio de las juntas, y la Conadep. La Unión Cívica Radical había perdido su maquillaje en favor de los derechos humanos, quedando ahora en las manos de los golpistas. Posiblemente ahí se fraguó el fin del partido Cívico Radical en Argentina, que a día de hoy debe unirse a otras listas minoritarias, o presentar candidatos mediocres a las elecciones.

No hay comentarios:

Publicar un comentario